Durante la Segunda Guerra Mundial, la Argentina desplegó una política activa frente a la situación de sus ciudadanos en Europa, tanto judíos como no judíos. En términos generales, los argentinos no fueron perseguidos por su nacionalidad. Las situaciones de victimización respondieron, más bien, a tres causas principales: motivos políticos, motivos raciales o circunstancias derivadas del desarrollo de la guerra.
La situación de los judíos argentinos en Europa cambió de manera significativa después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre la Argentina y las potencias del Eje. Hasta entonces, su condición de ciudadanos de un país neutral les ofreció cierta protección relativa. Sin embargo, tras ese giro diplomático, Adolf Eichmann impartió una orden general de internamiento contra ellos. Alrededor de 90 judíos argentinos fueron enviados al campo de Bergen-Belsen como prisioneros de intercambio. Otros fueron deportados a campos de exterminio o internados en campos de concentración y de tránsito.
Uno de los episodios centrales de los esfuerzos diplomáticos argentinos fue el decreto dictado en 1942 por el gobierno de Ramón Castillo, que autorizó el ingreso al país de 1.000 niños judíos. Para llevar adelante la iniciativa, se formó un comité integrado por instituciones judías. Entre ellas, SOPROTIMIS, la Sociedad Protectora de Inmigrantes Israelitas, impulsó las gestiones ante la Dirección de Inmigración.
Sin embargo, el proyecto fracasó. La ocupación nazi de la Francia de Vichy hizo que la salida de los niños dependiera de permisos alemanes, que resultaron imposibles de obtener. Pese a nuevas gestiones ante la Cancillería argentina y ante representantes diplomáticos en Vichy y Berlín, el plan no prosperó. El decreto venció el 31 de diciembre de 1943 sin que la iniciativa pudiera concretarse.
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